¿Quién puede ejercer de Administrador de fincas de la comunidad de propietarios?

En principio, conforme al artículo 13.5 de la Ley de Propiedad Horizontal, las funciones de Secretario y Administrador serán ejercidas por el Presidente de la comunidad de propietarios salvo que los Estatutos , o la Junta de propietarios por acuerdo mayoritario, dispongan la provisión de dichos cargos separadamente de la presidencia.

Cuando el cargo de Administrador no esté desempeñado por el Presidente, podrá ser ejercido tanto por un propietario como por una persona física con cualificación profesional suficiente y legalmente reconocida para ejercer dichas funciones. También podrá recaer el cargo en corporaciones y otras personas jurídicas en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico.

Actualmente no hay normas específicas que regulen los requisitos que deben cumplir las personas jurídicas cuando ejerzan como administradores de fincas, si bien, parece razonable que la persona que ostente el cargo de Administrador o gerente dentro de la persona jurídica deba tener una cualificación profesional suficiente y legalmente reconocida como se exige en en caso de personas físicas.

En cuanto a la necesidad de colegiación y cualificación profesional suficiente, la sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria de 06-10-2010, en la que se declara la nulidad del nombramiento de administradora por falta de cualificación, fundamentaba lo siguiente: “Como pone de manifiesto toda la doctrina científica, los términos legales son indudablemente poco claros y precisos, pero es criterio mayoritario que el texto legal buscó precisamente no consagrar la exigencia de colegiación para el ejercicio del cargo; destacando que junto la exigencia de una cualificación profesional suficiente está acompañada de la precisión de que debe estar legalmente reconocida. Por todo ello, debe concluirse que, desde luego, cumplen esos requisitos los miembros de los Colegios Profesionales de Administradores de Fincas, regulados esencialmente por el Decreto 693/1968 de 1 de Abril; pero no quedan excluidos otros profesionales cuya titulación legalmente reconocida pueda considerarse bastante a acreditar su cualificación profesional“.