Válida privación de voto a propietario moroso que conocía la cuota aunque no recibió el acta

EXTRACTO DE LA SENTENCIA:

El primero de los puntos de discrepancia con la resolución recurrida es el referente a la privación del derecho al voto que fue acordado respecto del demandante en mencionada Junta.

Rebatiendo los argumentos que se esgrimen en este motivo debe señalarse: en primer término que aunque la convocatoria de referida reunión no menciona de forma personal al demandante como moroso en el cumplimiento de sus obligaciones, sí expresa como uno de los puntos del orden del día la decisión a adoptar sobre la reclamación de la deuda que el mismo tenía con la Comunidad. Si a ello se une que se hace, al final del documento, la mención de que los propietarios que no se encuentren al corriente en el pago no tendrán derecho a voto, de forma muy clara se hace constar que el demandante no podía ejercer tal derecho.

Y en segundo lugar se dice que de cualquier forma la cantidad que se decía adeudada no era líquida, vencida ni exigible porque al demandante no se le notificó el acta de la reunión de 23 de febrero de 2004, donde se hace constar la cuantía mensual de la contribución del demandado a los gastos de la comunidad.

3º.- Este extremo resulta importante en el debate porque a lo largo del procedimiento se hace hincapié en las consecuencias de los acuerdos adoptados en dicha Junta, tanto en lo referente a la forma de participación en los gastos comunes como en lo relativo a la distribución de los mismos y al presupuesto anual.

No existe duda alguna de que a mencionada reunión acudió el demandado que, además, votó en contra del acuerdo adoptado referente a la contribución de los propietarios a los gastos comunes de acuerdo con las cuotas de participación. También ha de resaltarse -ello tampoco es puesto en duda- que el demandante no ha impugnado ese acuerdo.

Sostiene el demandante que el acta de esa reunión no le ha sido notificada y que por lo tanto desconocía el contenido de la misma en lo referente a las cantidades que ahora se dice que adeuda. Pero esta afirmación en nada empece a la existencia de la deuda porque parece normal que si a una reunión se acude con la propuesta de modificación de la forma de pago de las cuotas comunitarias, también se lleven preparadas las cuentas con arreglo al nuevo criterio propuesto. De otro lado resulta claro que si la comunidad aprobó un reparto de los gastos de acuerdo con las cuotas comunitarias, modificando el criterio anterior, el demandante sabía que su contribución era diferente y superior a la que venía haciendo (por eso se opuso al sistema adoptado). Si además se tiene en cuenta que tanto los gastos como el presupuesto le fueron presentados y entregados con la convocatoria de la Junta, si existía la disconformidad manifestada, pudo y debió conocer ­si no se hizo en el momento de la reunión, como consta en el acta- el importe de su aportación a los gastos comunitarios.

Resulta evidente, por lo tanto, que el demandante no se hallaba al corriente en el pago y ello determinaba la consecuencia prevista en el artículo 16.2 de la Ley de Propiedad Horizontal , por lo que la decisión de esa Junta fue correcta.