Válida instalación de silla salvaescaleras sin acuerdo previo de la comunidad

En este caso unos comuneros procedieron a la instalación de una silla salvaescaleras sin autorización previa de la comunidad de propietarios.

Como consecuencia, la comunidad aprobó un acuerdo por el que daba un plazo de 90 días para que los comuneros retirasen la silla salvaescaleras y la barandilla instaladas retornando la escalera al estado en que se encontraba antes, así como, en el caso de no proceder a la retirada, interponer denuncia por vía judicial.

Los comuneros demandaron a la comunidad de propietarios solicitando la nulidad del acuerdo.

La sentencia de primera instancia, que desestimó la demanda de los comuneros, fue revocada por la Audiencia Provincial en base al artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal.

EXTRACTO DE LA SENTENCIA:

1. De acuerdo con la normativa expuesta la instalación de la silla salva escaleras era obligatoria y su instalación no precisaba de acuerdo previo favorable. La segunda cuestión es si constituye una carga desproporcionada que deba soportar la comunidad. En este punto la referencia a la proporcionalidad se contempla en dos aspectos, el económico y subjetivo o personal. La ponderación de este concepto es el que determina si el acuerdo impugnado implica un grave perjuicio para algún propietario o resulta gravemente lesivo para la comunidad en beneficio de los actores.

2. Descartado el económico, puesto que los demandantes se han hecho cargo de los costes de la instalación, queda por determinar si dificulta gravemente o impide el uso de la escalera -elemento común- al resto de los vecinos. No cabe duda que la instalación implica un impacto visual evidente y disminuye la anchura utilizable. No hay más que ver las fotografías incorporadas al informe pericial que además mide la anchura libre en cada tramo de escalera -folios 77 y siguientes-, lo que sin mayores consideraciones da idea de las molestias y dificultades que genera para los usuarios. Ahora bien, la alternativa es la supresión, volviendo las cosas al estado anterior, con la consiguiente imposibilidad de que los demandantes, y otros vecinos que en el futuro pudieran padecer los mismos problemas de movilidad, puedan usar la escalera por su estado físico. De hecho implica un confinamiento en su domicilio y la privación del uso de un elemento común, puesto que por su edad y discapacidad no pueden utilizar la escalera para salir del domicilio. En definitiva, en este difícil equilibrio de intereses entre la imposibilidad de unos -los demandantes- y la dificultad o molestias de otros -el resto de los vecinos-, ha de primar el de los primeros, dada la entidad de la privación en comparación con las molestias de los segundos. Por todo ello, procede la estimación del recurso y de la demanda con la declaración de nulidad del acuerdo que insta la retirada de la silla salva escaleras y barandilla instaladas reponiendo la escalera al estado anterior.