Válida división de una vivienda en cuatro sin autorización de la comunidad

En este caso, una comunidad de propietarios demandó a una sociedad propietaria de una vivienda que había procedido a dividir el piso en cuatro viviendas independientes, que denominaba estudios, sin autorización de la comunidad ni obtener la oportuna licencia administrativa, solicitando que se declarase que las obras realizadas eran contrarias a derecho y se ordenase la supresión de las mismas y la reposición del piso al estado en que se encontraba con anterioridad a la realización de tales obras.

La sentencia de primera instancia, que desestimó la demanda, fue confirmada por la Audiencia Provincial.

EXTRACTO DE LA SENTENCIA:

Para solucionar el presente conflicto debemos decidir si la reforma del año 2013 de la Ley de Propiedad Horizontal ha supuesto una modificación sustancial sobre esta materia y, por ello, no puede aplicarse la doctrina jurisprudencial que ha tenido en cuenta la magistrada de instancia al dictar la sentencia que ha sido apelada, en la que, diferenciando entre división material y jurídica de las viviendas o locales de negocio de un edificio regido por las normas de la propiedad horizontal, consideraba que para llevar a cabo una mera división material e interna debía aplicarse simplemente el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal por lo que la segregación podría hacerse libremente por el propietario siempre que no se afectase la estructura del edificio o los elementos comunes y no se causara perjuicio a tercero.

[...] Tras poner en relación el antiguo artículo 8 con el vigente artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal , vemos que lo primero que llama la atención es que con la normativa vigente se ha abandonado la exigencia de unanimidad impuesta por el antiguo artículo 8. Actualmente se distinguen dos supuestos, el primero, cuando la segregación o agrupación venga aprobada por el plan de renovación o regeneración urbana, donde no será necesario el consentimiento de los otros propietarios a los que solo le correspondería determinar la cuota de participación, y el segundo, en el que además de la autorización administrativa será preciso un acuerdo adoptado por la comunidad de propietarios aunque no por unanimidad sino por mayoría de 3/5 de propietarios que representen, a su vez, las tres quintas partes de las cuotas de participación en los elementos comunes del edificio. Ahora bien lo que no queda claro, es si se ha pretendido que tal disposición sea aplicable tanto a la división que venimos llamando material o interna como a la división jurídica que exigirá un cambio en las cuotas de participación y podrá plasmarse en el Registro de la Propiedad con la modificación de los correspondientes asientos.

No compartimos la interpretación que ha hecho la parte apelante de la nueva regulación sobre la materia donde defiende que todos tipo de segregación, cualquiera que sea su extensión y alcance debe quedar sujeta a las normas del artículo 10 de la LPH , pues del tenor literal del artículo 10 vigente de la Ley de Propiedad Horizontal no se deducen las consecuencias que ha plasmado en su recurso de apelación y además no se ha modificado el artículo 7 de la LPH para excluir de su ámbito los actos de segregación y agregación de pisos y locales sometidos al régimen de Propiedad Horizontal y seria contradictorio que una normativa, como la introducida por la Ley 8/2013, que está claramente encaminada a facilitar la realización de determinadas actuaciones en el ámbito de la Propiedad Horizontal mediante la rebaja del quórum de propietarios para su aprobación o la eliminación de acuerdo de la Junta de propietarios, diera lugar, con una interpretación más estricta que la que se impuso por la doctrina jurisprudencial bajo la vigencia de la antigua ley, a una mayor rigidez.