El transcurso de 7 años desde la ejecución de las obras de cerramiento equivale a consentimiento tácito

En este caso un comunero demandó a otro y a la comunidad de propietarios con las siguientes pretensiones:

"1.-) una pretensión de declaración de ilegalidad de las obras de cubrición, cerramiento y construcción en la terraza del NUM001 NUM002 del edificio sito en la AVENIDA000 número NUM000 de San Vicente del Raspeig;

2.-) una pretensión de condena al demandado Don Jose Daniel , propietario de la vivienda sita en el NUM001 NUM002 del edificio anterior, a eliminar las obras ilegales ejecutadas, a reparar los daños y perjuicios causados en la vivienda de la actora, sita en el piso NUM003 del referido edificio, consistentes en humedades y, a abstenerse de volver a realizar obras similares sin licencia ni acuerdo comunitario previo".

La sentencia de primera instancia, que desestimó la demanda, fue confirmada por la Audiencia Provincial.

EXTRACTO DE LA SENTENCIA:

La otra pretensión relativa a la condena a la demolición de la obra ejecutada consistente en la cubrición, el cerramiento y la construcción sobre un elemento común como es la cubierta que se corresponde con la terraza del NUM002 -NUM001 tampoco puede prosperar por las siguientes razones:

En primer lugar, aunque no exista un acuerdo de la Junta de propietarios que habilite al propietario del NUM002 -NUM001 a ejecutar las obras sobre la cubierta que se corresponde con la terraza de su uso privativo, no podemos ignorar que aquellas obras se ejecutaron en el año 2006 y siendo unas obras que eran perceptibles visualmente por cualquier persona, ningún propietario formuló objeción alguna como así lo reconoció el testigo Secretario-Administrador de la Comunidad, el actual Presidente de la Comunidad y la testigo Doña Manuela . Ha sido la actora, siete años después de la ejecución de las referidas obras, la única que ha instado la declaración de ilegalidad de las obras cuando el silencio durante siete años se equipara a un consentimiento tácito por parte de la Comunidad y de los propietarios de tal manera que esta denuncia extemporánea constituye una conducta contraria a sus propios actos, proscrita por la exigencia del ejercicio de los derechos conforme a la buena fe según dispone el artículo 7.1 del Código civil.