La información sobre la morosidad entre los miembros de la comunidad es de interés para los mismos y está amparada en la LPH

Se trataba en este caso de una demanda en la que se exigía la tutela del derecho al honor del demandante que entendía conculcado por el envío de un correo electrónico a los integrantes de la comunidad.

La sentencia de instancia desestimó la demanda y fue posteriormente confirmada por la Audiencia Provincial.

EXTRACTO DE LA SENTENCIA:

Tal y como se desprende de las sentencias del Tribunal Supremo núm. 135/2014 de 21 marzo y 224/2010 de 31 marzo, la única posible colisión de derechos fundamentales que pueda plantearse en el contexto de la relaciones entre partes en el seno de una comunidad de propietarios es la referida al derecho de honor de la parte actora y el derecho a la libertad de información (comunicación) de la parte demandada.

[...] En particular, viene a concluir el Tribunal Supremo que la difusión de información sobre impagos de un comunero, es decir sobre la situación de morosidad, entre los miembros de la comunidad ha de considerarse de interés para los mismos y viene amparada por la legislación específica en materia de propiedad horizontal tanto en el art. 15.2, a efectos del ejercicio del derecho al voto en la Junta de propietarios, invocado por la representación del apelante, como en el 18, en el que se contempla como un requisito para la impugnación de acuerdos; de modo que prevalecerá sobre el derecho al honor el de la información, en todo caso, si se cumple el presupuesto de la veracidad. Y en este sentido, siguiendo ahora la pauta de la segunda de las sentencias citadas (la 224/2010 de 31 marzo ), por veracidad debe entenderse, no necesariamente la absoluta, porque pueden concurrir inexactitudes que no afecten al fondo, de manera que no se precisa que resulte absoluta y total, sino que la esencia es que el hecho sea veraz, aun con inexactitudes; y, por otra parte, la transmisión de la noticia no puede sobrepasar el fin informativo que se pretende dándole un matiz injurioso, denigrante o desproporcionado, tal y como lo declaró el Tribunal Constitucional en sentencias de 18 de febrero de 2009 , y 17 de junio de 2009 , de tal forma que no se contengan expresiones, que, sin conexión directa con el resto de la narración, sean susceptibles de crear dudas específicas sobre la honorabilidad de las personas.