El acuerdo de liquidación de gastos que incluye en los gastos procesales al propietario demandado, no es nulo, debe impugnarse

En este caso una comunidad de propietarios instó procedimiento monitorio (artículo 21 Ley de Propiedad Horizontal) frente a una comunera a la que se le reclamaba la suma de 18.607,82 euros, importe al que ascendía las deudas que mantenía por gastos de comunidad según la certificación de deuda emitida por el secretario administrador. Formulada por la demandada oposición se presentó demanda de juicio ordinario frente a la misma. La demandada sostuvo que la deuda no estaba correctamente calculada, precisando que no cabe incluir dentro del importe de la deuda la totalidad de las tasas judiciales ya que no cabe reclamárselas porque ha sido beneficiaria de justicia gratuita.

En primera instancia se estimó la demanda, la Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación de la propietaria demandada y finalmente el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación.

EXTRACTO DE LA SENTENCIA:

El segundo supuesto, en el que encajaría el acuerdo comunitario objeto del recurso, sería aquél por el que la Comunidad aprueba la liquidación de gastos de la misma, e incluye entre ellos los gastos procesales, que en este caso son las tasas judiciales (documento nº cinco de los apartados con la demanda), que ha tenido que soportar como litigante la Comunidad.

Tal inclusión la hace al amparo del art. 9.1.e) LPH , que establece las obligaciones de cada propietario.

Si tal acuerdo se acomoda o no a la Ley de Propiedad Horizontal y jurisprudencia que la interpreta no se pone ahora en tela de juicio.

Lo que se plantea es si se trata de un acuerdo nulo, sin posibilidad de sanación, o un acuerdo anulable cuya impugnación se encuentra sometida a un plazo legal de caducidad.

La conclusión es que el acuerdo de contravenir una ley, sería la Ley de Propiedad Horizontal, en concreto el art. 9.1.e), y en tal supuesto, según la doctrina de la sala, el art. 18.1 a ) exige la necesidad de su impugnación.

Como la recurrente no actuó así, el acuerdo ha devenido firme, según razona y motiva la sentencia recurrida, sin que ésta contradiga, pues la doctrina de la sala.

La propia parte recurrente cita la sentencia de 30 de abril de 2011 en la que una propietaria litigó con la comunidad y, según el acuerdo de ésta, se le impuso su contribución a los gastos procesales.

La sentencia declara que el acuerdo en el que se aprobó la derrama no es nulo de pleno derecho «pues no contraviene una norma imperativa o prohibitiva en los términos descritos en el art. 6 CC , sino que resulta contrario a la LPH, en concreto a su art. 9.1 e )».

Añade esta sentencia «que la parte recurrente debió haber impugnado el acuerdo, como fija el art. 18.3 LPH , y al formalizar la demanda cuando había transcurrido el plazo de impugnación, la acción estaba caducada.»