La comunidad debe pagar con la promotora el gasto de agua aunque no esté constituida formalmente

En este caso la promotora constructora de una urbanización privada de viviendas unifamiliares que, junto con algunas parcelas aun sin construir, conformaban la comunidad de propietarios, demandó a la misma tras haber abonado en exclusiva el gasto de consumo de agua de toda la urbanización, reclamándole el importe de los recibos correspondientes a más de 3 años.

La comunidad de propietarios alegaba que durante ese período de tiempo la comunidad no estaba constituida formalmente. La sentencia de instancia, que desestimó la demanda de la promotora, fue revocada por la Audiencia Provincial que condenó a la comunidad a abonar a la promotora la cantidad de 9.164,71 euros.

EXTRACTO DE LA SENTENCIA:

Pues bien a partir de tal relato de hechos esta Sala no puede compartir los argumentos que llevan a la recurrida a rechazar la acción de reintegro fundada en el pago por tercero.

Así en primer lugar la que niega legitimación a la Comunidad para hacer frente a este gasto antes de su constitución formal, porque el hecho de que este "complejo inmobiliario privado", empleando la terminología del art. 24 de la LPH , no se hubiera formalmente constituido hasta el mes de febrero de 2009, no obsta a la existencia de facto de esta forma de comunidad que existió desde que se produjo la primera venta de una de sus parcelas y vivienda construida sobre la misma en el mes de marzo de 2008.

(...) En definitiva y como recuerda la STS de 10 de enero de 2008, con amplia cita de precedentes, la existencia de un régimen de facto de la propiedad horizontal es posible toda vez que "el Título Constitutivo no es elemento sustancial para la existencia y funcionamiento de la Comunidad, como tampoco lo es la inscripción en el Registro, requisito que igualmente carece de efectos constitutivos, sino simplemente a efectos de publicidad y en cuanto a terceros". Por ello es factible jurídicamente la existencia de una comunidad sometida al régimen de propiedad horizontal, sin que el hecho del no otorgamiento del Título Constitutivo suponga obstáculo alguno para la aplicación de la normativa reguladora contenida en la Ley de Propiedad Horizontal (LPH).