Los acuerdos de la comunidad no dejan de ser válidos por no firmarlos el secretario

En este caso unos comuneros demandaron a la comunidad de propietarios solicitando la nulidad de unos acuerdos argumentando, entre otras circunstancias, la ausencia de firma de los mismos por parte del secretario de la comunidad.

La sentencia de instancia, que desestimó la demanda, fue confirmada por la Audiencia Provincial.

EXTRACTO DE LA SENTENCIA:

SEGUNDO .- Sobre las funciones del Secretario, como órgano de las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, y, en particular, en las reuniones de las Juntas de Propietarios.

El secretario es un órgano de la comunidad de propietarios ( artículo 13.1 Ley de Propiedad Horizontal ) con funciones de fedatario y depositario: recibe comunicaciones de los propietarios y las remite a ellos ( art. 9 LPH ), expide certificaciones (art. 21 LPH), firma las actas de las reuniones de la Junta de propietarios (artículo 19.3 LPH) y, en general, custodia la documentación de la Junta.

En las actas presentadas no se hace mención alguna al cargo de administrador, pero tampoco tiene mayor importancia porque el defecto formal que se invoca es en relación con la figura del Secretario.

Tal y como se indica en la sentencia recurrida, la intervención del secretario en relación con los acuerdos adoptados por la Junta de propietarios es la de mero fedatario. Los acuerdos los adopta la Junta, y no dejan de ser válidos por el mero hecho de que el secretario no los firme. Su intervención no es de carácter constitutivo, sino ad probationem de los acuerdos adoptados en la junta, sin que la redacción del acta produzca efecto constitutivo para la validez de los acuerdos adoptados ( sentencia de la AP Vizcaya, Secc. 5ª, de 29-2-2000 ), rechazando la relevancia de la falta de firma del acta por el Presidente y por el secretario para la existencia y validez de los acuerdos adoptados en la junta ( sentencia de la AP Málaga, Sec 4ª, de 4-2-2008 ). Criterio este ratificado por la sentencia 212/2015 de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 20-4-15.