El acuerdo que modifica la distribución de gastos debe ser por unanimidad y expreso, sin interpretaciones extensivas

En este caso un comunero demandó a la comunidad de propietarios al considerar que la distribución de gastos a partes iguales que se realizaba en la misma era contraria a la Ley de Propiedad Horizontal y al propio Título Constitutivo que contemplaba dicha distribución con arreglo a la LPH.

La Comunidad demandada rechazaba tales argumentos alegando vulneración de la doctrina de los actos propios, pues el demandante tenía conocimiento del sistema de reparto de gastos vigente desde la adquisición de su vivienda en 2013, sin haber formulado impugnación del acuerdo adoptado en la Junta de 2014, volviendo a votar a favor en la Junta de 2016.

La sentencia de primera instancia, que desestimó la demanda, fue revocada por la Audiencia Provincial.

EXTRACTO DE LA SENTENCIA:

Y aunque los testigos D.  Aquilino  (propietario de la vivienda  NUM001  desde la constitución de la Comunidad) y D.  Borja  (Administrador y secretario también desde el inicio de la Comunidad), declararon que el acuerdo de esta Junta tenía carácter indefinido, no estando destinado únicamente al reparto de los gastos de ese ejercicio, lo cierto es que en el acta aportada como documento nº 2 de la contestación se constata que ese acuerdo estaba circunscrito exclusivamente al ejercicio 2001, explicando además que así se establecía "ante la falta de datos significativos sobre los gastos previsibles para ese ejercicio", limitándose los ejercicios posteriores a mantener, por inercia, este criterio.

Esto es, aunque la Ley de Propiedad Horizontal permite establecer un régimen de contribución a los gastos comunes distinto del coeficiente de participación de cada piso o local, adoptándose uno diferente en el Título Constitutivo o en acuerdo posterior alcanzado por unanimidad, este criterio subsidiario ha de aprobarse de modo expreso , sin que sean válidas interpretaciones extensivas, lo que se desprende de una interpretación gramatical de la Ley, y en particular de los términos "lo especialmente establecido".

No cabe entender que el demandante actúa en contra de sus actos propios por el hecho de no haber impugnado el acuerdo de reparto del gasto adoptado en la Junta de 31 de julio de 2014, posterior a la adquisición de su vivienda en fecha 13 de noviembre de 2013, pues en ese acuerdo no se hizo mención expresa al sistema de reparto, igualitario o por coeficientes de participación, y, por tanto, pudo pasarle desapercibido que se estuviera verificando el reparto con arreglo a un criterio distinto.

Por otra parte, la inscripción registral del Título Constitutivo deja constancia frente a terceros de que el sistema de reparto en los gastos comunes es el establecido en la Ley de Propiedad Horizontal, lo que significa que en tanto no se haya aprobado por unanimidad un sistema diferente, el criterio aplicable ha de ser el preferente de los respectivos coeficientes de participación.