Válida certificación de deuda emitida por el administrador que, salvo nombramiento expreso de secretario, actúa como tal

En este caso, un comunero demandó a la comunidad de propietarios solicitando la nulidad de un acuerdo en cuanto le obligaba al pago de 3.766,97 €, siendo que por el Juez a quo se desestimó tal pretensión al entender que existía falta de legitimación activa por no estar los demandantes al corriente en sus pagos a la Comunidad, ello en base a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Frente a esta resolución se interpuso recurso de apelación alegando aplicación indebida del art. 18.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, falta de representación legal de la parte demandada e incumplimiento de las exigencias del art. 16 de la Ley de Propiedad Horizontal , además de alegar en cuanto al fondo de la cuestión objeto del procedimiento.

EXTRACTO DE LA SENTENCIA:

El argumento de la parte se apoya en varios preceptos de la Ley de Propiedad Horizontal, concretamente el 9.1.e) y el 21, en cuanto que exigen para los concretos actos que regulan que la certificación de deudas sea emitida por el secretario con el visto bueno del presidente. Pues bien, como se ha dicho esos preceptos lo que vienen a regular son cuestiones concretas relativas a la transmisión de los inmuebles y al procedimiento monitorio, pero en ningún caso, ni en esos artículos ni en ningún otro de la Ley de Propiedad Horizontal, se prohíbe una certificación del Administrador sobre el estado de la cuenta de los propietarios.

No estamos sino ante una cuestión de prueba, y por tanto si con esa certificación se acredita la existencia de las deudas. Y a este respecto debemos decir que la oposición que se plantea en el recurso es meramente formal y tomando preceptos que en ningún caso suponen una norma general sobre la forma de probar las deudas de los propietarios con la comunidad. Ello sin olvidar que, salvo que se nombre de forma expresa, y no consta que en esta Comunidad así haya ocurrido, el Administrador actúa como secretario de la Comunidad, tal como establece el art. 20 de la Ley de Propiedad Horizontal , por lo que en último extremo sólo faltaría el visto bueno del presidente, lo que redunda más en el hecho de que estamos ante una oposición meramente formal.

Planteado así el problema, lo que no puede desconocerse es que es normal que las comunidades de propietarios pongan sus cuentas en manos de un Administrador profesional, persona que se encarga de todos los aspectos contables de la comunidad, además de otros, por lo que es el que tiene la fuente de la prueba sobre los distintos pagos que se hacen. Y ello es lo que ocurre en este caso, y por ello estamos ante la fuente más fiable para acreditar si han existido impagos.

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