La doctrina de los actos propios no es de aplicación pues supondría modificar de facto los Estatutos

Se trataba en este caso de una comunidad de propietarios (complejo inmobiliario) integrada a su vez por otras cuatro. Hasta el momento del litigio las votaciones se habían llevado a cabo de manera que cada comunidad tenía un voto independientemente de su coeficiente. En un momento determinado una de las comunidades que tenía casi el doble de coeficiente plantea que su voto debe tener más peso conforme a los Estatutos , siendo rechazado este extremo por acuerdo de la comunidad general.

La comunidad con mayor coeficiente demandó a la comunidad general solicitando la nulidad del acuerdo.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda al entender que la comunidad demandante quedaba vinculada por sus actos anteriores (el sistema llevaba aplicandose 10 años) y en apelación la Audiencia Provincial revocó la sentencia de instancia declarando nulo el acuerdo.

Finalmente, el Tribunal Supremo confirmó la nulidad del acuerdo.

EXTRACTO DE LA SENTENCIA:

La sentencia impugnada no niega que la doctrina de los actos propios pueda tener virtualidad en el ámbito de la propiedad horizontal, sino que por el contrario lo que afirma es que no cabe su aplicación en el caso presente para considerar que por esa vía puedan quedar modificados "de facto" los Estatutos de la comunidad general, por lo que no puede afirmarse que se vulnere la doctrina sentada por las sentencias que se citan en cuanto no se refieren a supuestos similares al presente.

[...] En este caso la renuncia por parte de la hoy demandante a hacer valer sus derechos estatutarios (artículo 3) respecto al valor de su voto, pese a que pudiera ser continuada en el tiempo, no puede considerarse de carácter definitivo ni está ordenada a crear un derecho de las demás parcelas a incrementar la intervención que les corresponde en la toma de decisiones, que ahora pudiera verse conculcado mediante la interposición de la demanda. El hecho de que se mantuviera esa situación podría encontrar su justificación en el hecho de que los acuerdos adoptados no resultaban contrarios a los intereses de quien ahora demanda, lo que no impide que ante nuevas situaciones de conflicto la demandante pretenda hacer valer lo establecido en los Estatutos que, en todo caso, no pueden entenderse modificados en perjuicio de la comunidad demandante por el simple mantenimiento por su parte de una actitud puramente permisiva.

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