Condena al Presidente a pagar los honorarios de abogado contratado por él y no ratificado por la Junta

En este caso, una comunidad de propietarios demandó al que había sido su Presidente reclamándole la cantidad de 986 euros por los honorarios del abogado contratado por él sin autorización de la Junta de propietarios .

La sentencia de instancia, que estimó la demanda condenando al que había sido Presidente, fue confirmada por la Audiencia Provincial.

EXTRACTO DE LA SENTENCIA:

Es claro que el Presidente aunque representa a la Comunidad en los asuntos que le afectan ( articulo 13.3 de la Ley de Propiedad Horizontal ) es a la Junta de propietarios a quien corresponde aprobar cualquier contrato que suponga un gasto para la Comunidad, cual es el caso de contratación de un asesoramiento jurídico, sin olvidar que el gasto no fue posteriormente aprobado o ratificado sino todo lo contrario, se acordó ­en junta no impugnada - su reclamación. Adoptó una decisión de índole económica que excedía del concepto de gasto general sin consentimiento del resto de los copropietarios y de discutible utilidad para la misma.

Se dice lo que antecede porque del conjunto de la prueba practicada no queda acreditado suficientemente que se hubiese personado para asesorar a la comunidad de propietarios, sino al Presidente ante una actuación atribuida a la Administradora del inmueble.

Del conjunto de la prueba se concluye que aquel en su condición de Presidente solicitó amparo y asesoramiento exterior ante una conducta que no consideraba procedente, si bien la mayoría de los testigos han declarado que el citado compareció manifestando que era amigo del Presidente, sentándose a su lado y exhibiéndose posteriormente la representación que se le había conferido.

Se deduce que intervino asesorando al Presidente pero a titulo personal; las razones que se otorgan sobre una invocada representación ejercitada en la Junta, explican más aún que su discutida intervención pudiese ser cuestionada por cuanto que ni siquiera consta la aquiescencia de la Comunidad cuando alguno de sus miembros solicitaron explicación sobre su presencia e intervención.

Tampoco hubo Junta posterior sobre el pago de los honorarios del Letrado, ratificando la intervención del letrado como asesor de la Comunidad.

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